El aislamiento social ha sido una de las medidas implementadas por la mayoría de países como una forma de controlar la diseminación masiva de SARS-CoV-2, lo cual ha implicado el cierre de jardines infantiles, colegios y centros recreativos y/o deportivos, generando un impacto variable a nivel personal, familiar y social, y siendo los niños una población particularmente vulnerable.
Este fenómeno sin distinción de etnia, religión o nivel socioeconómico se ha relacionado con un aumento en las cifras de maltrato infantil y/o morbilidad psiquiátrica y problemas de salud pública en respuesta a factores tales como la inestabilidad financiera, violencia intrafamiliar previa, padres con sobrecarga laboral, cuidadores desconocidos y a la vulnerabilidad inherente a la edad pediátrica, especialmente cuando existe una discapacidad física concomitante.
